De nacionalidad británica, ya se había informado de que sería objeto de sanciones, pero la Casa Blanca acaba de añadir su nombre en un anexo a la orden ejecutiva.

El fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, en el Ministerio de Asuntos Exteriores holandés en La Haya el 11 de abril de 2022. Foto de Raoul Somers vía Wikimedia Commons.

(10 de febrero de 2025 / JNS)

La Casa Blanca incluyó el lunes a Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional de La Haya, como la primera persona a la que se aplican sanciones en virtud de una orden ejecutiva dirigida al tribunal por investigar presuntos "crímenes de guerra" israelíes en Gaza.

Khan, de nacionalidad británica, había sido informó La Casa Blanca añadió oficialmente su nombre en un anexo a la orden ejecutiva el lunes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la orden que autoriza las sanciones a la CPI el 6 de febrero por lo que la orden describe como la "amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos" que supone el tribunal.

Khan anunció que solicitaba órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y Yoav Gallant, ex ministro de Defensa israelí, por "crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad" en Gaza. El tribunal dictó las órdenes de detención en noviembre.

Estados Unidos e Israel argumentan que el tribunal no tiene jurisdicción sobre ellos porque no son parte del Estatuto de Roma que creó el tribunal en 2002.

Trump sancionó previamente a un par de funcionarios de la CPI en 2020 por su investigación sobre la conducta de Estados Unidos en Afganistán. El expresidente Joe Biden levantó esas sanciones en 2021.

A las personas sancionadas se les suelen congelar sus activos, aunque estén en bancos extranjeros, y se les prohíbe a ellas y a sus familias entrar en Estados Unidos.

La presidenta del tribunal, la juez Tomoko Akane, denunció el viernes la orden de sanciones contra Khan.

"La orden ejecutiva anunciada es sólo el último de una serie de ataques sin precedentes y en escalada que pretenden socavar la capacidad del tribunal para administrar justicia en todas las situaciones", escribió Akane. "Rechazamos firmemente cualquier intento de influir en la independencia y la imparcialidad del tribunal o de politizar nuestra función judicial".