Los palestinos han presentado una medida a la Asamblea General exigiendo la retirada israelí de Cisjordania y sanciones a altos funcionarios; el Ministerio de Asuntos Exteriores coordina la respuesta con sus aliados
Archivo: El ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, espera la llegada de su homólogo británico, David Lammy, y de su homólogo francés, Stephane Sejourne, al Ministerio de Asuntos Exteriores en Jerusalén, el 16 de agosto de 2024. (Yonatan Sindel/Flash90)
El ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, ha amenazado con “romper y disolver” la Autoridad Palestina si avanza con medidas agresivas contra Israel en las Naciones Unidas, dijo su oficina al Times of Israel el domingo.
La amenaza se produjo cuando la Autoridad Palestina presentó un proyecto de resolución a la Asamblea General en el que exige que Israel se vea obligado a aplicar las decisiones de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el máximo tribunal de la ONU. La medida se votará la semana próxima, según informó el domingo la misión israelí ante la ONU.
La semana pasada, Katz dirigió un debate sobre la respuesta de Israel a la intención de la Autoridad Palestina de impulsar la votación, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores a The Times of Israel.
La resolución exige la retirada israelí de los territorios en un plazo de seis meses, el fin de la construcción de asentamientos y “el retorno de los palestinos a su tierra”, la imposición de sanciones a altos funcionarios israelíes y el bloqueo de las ventas de armas a Israel si pudieran utilizarse en zonas palestinas.
El proyecto también pide que no se establezcan más embajadas de Israel en Jerusalén.
Katz ordenó que se coordinaran con Estados Unidos y otros aliados israelíes una serie de medidas para oponerse a la decisión, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores. También dio instrucciones al ministerio para que preparara un conjunto de respuestas contra la Autoridad Palestina que se ajustarían a la severidad de la resolución final.
El embajador palestino ante las Naciones Unidas, Riyad Mansour, habla durante una sesión especial de la Asamblea General de la ONU sobre la candidatura palestina para ser miembro pleno de la ONU, en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York el 10 de mayo de 2024. (Charly TRIBALLEAU / AFP)
Les dijo a los diplomáticos israelíes, incluido el embajador ante la ONU, Danny Danon, que enfatizaran ante los funcionarios estadounidenses, europeos y de la ONU que si se aprueba la propuesta palestina, Israel impondrá “sanciones severas” contra la AP, que podrían incluir la suspensión de todas las comunicaciones.
“Si la Autoridad Palestina actúa contra Israel en completa contradicción con los compromisos que asumió en los acuerdos provisionales que se firmaron, Israel actuará de la misma manera y detendrá toda cooperación con la AP y provocará su disolución”, dijo Katz.
El embajador ante la ONU, Danny Danon, dijo el domingo que, de aprobarse, el proyecto de ley será “una recompensa al terrorismo y un mensaje al mundo de que la masacre bárbara de niños, la violación de mujeres y el secuestro de civiles inocentes es una maniobra rentable”.
“Que quede claro”, dijo. “Nada detendrá ni disuadirá a Israel en su misión de recuperar a todos los rehenes y derrotar a Hamás”.
La decisión de la CIJ del 19 de julio no fue vinculante. Las resoluciones de la Asamblea General tampoco son vinculantes, pero en este caso existe la preocupación de que pueda generar presiones para que se impongan embargos de armas y se incluyan asentamientos en listas negras, según el informe.
En su decisión de julio, la CIJ dijo que determinó que la política de asentamiento de Israel en Cisjordania violaba el derecho internacional y que Israel había anexado efectivamente grandes partes de Cisjordania —junto con Jerusalén Oriental, que anexó formalmente y designó como territorio soberano israelí en 1980— debido a algunos de los aspectos aparentemente permanentes del gobierno israelí allí.
Las consecuencias jurídicas de sus conclusiones, dictaminó el tribunal, fueron que Israel debe poner fin a su control de esas zonas, cesar nuevas actividades de asentamiento, “derogar toda legislación y medidas que creen o mantengan la situación ilegal” —incluidas aquellas que, según dijo, “discriminan al pueblo palestino en el territorio palestino ocupado”— y proporcionar reparaciones por cualquier daño causado por sus “actos ilícitos”.
Además, el tribunal afirmó que todos los Estados miembros de la ONU están obligados a no reconocer cambios en el estatus de los territorios y que todos los Estados están obligados a no ayudar ni asistir el gobierno de Israel sobre los territorios, y a garantizar que se ponga fin a cualquier impedimento “al ejercicio del derecho del pueblo palestino a la libre determinación”.
Los jueces de la Corte Internacional de Justicia se ponen de pie antes de emitir un fallo no vinculante sobre el gobierno israelí en Cisjordania y Jerusalén Oriental en la CIJ en La Haya el 19 de julio de 2024. (Nick Gammon/AFP)
La Autoridad Palestina ha renovado sus esfuerzos activos contra Israel en la escena internacional desde que estalló la guerra en Gaza el 7 de octubre con el ataque sin precedentes de Hamás contra Israel, en el que los terroristas mataron a unas 1.200 personas y tomaron 251 rehenes.
En respuesta, Israel lanzó una invasión terrestre de Gaza con los objetivos proclamados de desmantelar a Hamás y recuperar a los rehenes.
El Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamás, afirma que más de 40.000 personas han muerto o se presume que han muerto en los combates hasta ahora en la Franja, aunque no se puede verificar el saldo y no diferencia entre civiles y combatientes. Israel afirma que ha matado a unos 17.000 combatientes en combate y a otros 1.000 terroristas dentro de Israel el 7 de octubre.
Israel ha dicho que busca minimizar las muertes de civiles y subraya que Hamás utiliza a los civiles de Gaza como escudos humanos, combatiendo desde zonas civiles, incluidas viviendas, hospitales, escuelas y mezquitas.
El saldo de Israel en la ofensiva terrestre contra Hamás en Gaza y en las operaciones militares a lo largo de la frontera con la Franja asciende a 342.
Además de utilizar la destrucción de la guerra y las cifras de víctimas en Gaza como trampolín para un renovado impulso a la creación de un Estado palestino, la AP también ha llevado a Israel ante la Corte Internacional de Justicia y ha respaldado a la Corte Penal Internacional en la solicitud de órdenes de arresto por crímenes de guerra contra dirigentes israelíes.
El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, ha penalizado a la Autoridad Palestina por sus esfuerzos, congelando los fondos de los ingresos fiscales que deberían ir a Ramallah y entregando en su lugar el dinero a las familias de las víctimas del terrorismo.
Jeremy Sharon contribuyó a este informe.
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